WASHINGTON, D.C. - Michael Chertoff, secretario del Departamento de Seguridad Interna (DHS), indicó que "el Congreso y el pueblo estadounidense han sido muy firmes en pedir y esperar seguridad fronteriza. Y estas dispensas permitirán el avance de importantes proyectos de seguridad".

La idea es completar los proyectos para fines de este año.

Agregó, sin embargo, que "valoran" lo que el público tenga que decir sobre el impacto de los planes sobre el medio ambiente y que seguirán solicitando opiniones.

Autorización legislativa

El Congreso concedió al DHS la autoridad de pasar por alto ciertas leyes y regulaciones federales con el fin de completar 670 millas de barda en la franja fronteriza.

Sin embargo, el DHS se ha topado con la presión de grupos que no sólo se oponen al muro por considerarlo un mecanismo que no es correcto ni efectivo, sino que citan el impacto de la construcción sobre la flora y la fauna fronteriza y lugares de importancia cultural.

En otras instancias, como en Texas, dueños de terrenos y hogares han interpuesto acciones legales contra el DHS y sus intentos de expropiarle sus terrenos y hogares para completar la barda.

Barreras, torres, etc.

Las dispensas del Congreso se enfocan mayormente en leyes y regulaciones ambientales y territoriales. Una de ellas tiene que ver con leyes ambientales y territoriales que afectan una zona de 470 millas de proyectos en California, Arizona, Nuevo México y Texas. Se trata, dijo el DHS, de levantar barreras peatonales y vehiculares, torres, cámaras, sensores, equipo de detección y caminos.

Una segunda dispensa tiene que ver con un proyecto en el condado de Hidalgo, en Texas, que según el DHS le permitirá a la agencia instalar "infraestructura táctica" en una extensión de 22 millas, al tiempo que provee protección contra inundaciones.

Pero no todos apoyan esto y catalogan la acción del DHS como "un abuso de poder".

El mes pasado los grupos defensores del medio ambiente, Sierra Club y Defenders of Wildlife, solicitaron a la Suprema Corte del paí­s que revisara la constitucionalidad de estas dispensas, argumentando que constituyen una "violación flagrante" del principio de separación de poderes garantizado por la Constitución.

Roger Schlickeisen, presidente de Defenders of Wildlife, dijo que con su decisión de ayer, el gobierno federal "está fuera de control".

"En cierto sentido, la frontera es ahora menos legal que cuando los estadounidenses comenzaron a trasladarse hacia el Oeste", indicó.

Esto, agregó, porque la acción del DHS pasa por alto leyes que garantizan la limpieza del aire y del agua, que protegen vida silvestre, rí­os, tierras, lugar de significado cultural y leyes que otorgan a los estadounidenses tener una voz en el proceso. Todas esas leyes, dijo, "son un estorbo para la Administración Bush".

Pero congresistas republicanos de estados fronterizos aplaudieron la acción, indicando que es un asunto de seguridad nacional y que el muro ayudará a frenar actividades ilí­citas y la muerte de agentes en la franja.

Antes de fin de año

El DHS ha empleado las exenciones en tres ocasiones previas.

Hasta el momento, el gobierno federal ha levantado 309 millas de barda y la idea es completar las 361 que restan antes de concluya este año 2008, para un total de 670 millas.

De las 361 millas de muro pendientes, 267 habí­an sido frenadas por diversas regulaciones y leyes y por eso el empleo de las dispensas.

"Hace escasas semanas presentamos una petición ante la Suprema Corte de Estados Unidos para combatir la autoridad anticonstitucional, de la cual la Administración Bush ha echado mano para pasar por alto todas las leyes que considera inconvenientes en su prisa por construir una barda que no es popular ni efectiva", indicó Schlickeisen.

El tema del muro ha sido muy polémico a nivel interno y en las relaciones con México.

El gobierno de Bush, empero, afirma que las barreras fí­sicas son necesarias en determinados sectores de la franja, mientras que en otras es más efectivo lo que denominan un muro "virtual" empleando alta tecnologí­a, lo que también ha enfrentado crí­ticas de los sectores opuestos.