Florida apela suspensión de ley que prohíbe negocios con Cuba y Siria

El gobernador dijo que la norma es lo que le conviene al estado.

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Scott expresó que tanto el “Gobierno de (Fidel y Raúl) Castro como el de (Bachar) al Asad son represivos, y es importante que los contribuyentes de Florida no apoyen dictaduras (...)

Scott expresó que tanto el “Gobierno de (Fidel y Raúl) Castro como el de (Bachar) al Asad son represivos, y es importante que los contribuyentes de Florida no apoyen dictaduras (...)".

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EFE

PUBLICADO: Jul, 24, 2012 12:00 am EST Jul 24, 2012 12:00 am EST print article
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Miami (EE.UU.), (EFE).- El gobernador de Florida (EE.UU.), Rick Scott, dijo que apeló la decisión de un juez de suspender la entrada en vigor de una ley que prohíbe a los organismos públicos de este estado suscribir contratos con empresas que realicen negocios con Cuba y Siria.

"El Departamento de Transportes de Florida presentó una apelación a la corte federal para bloquear la aprobación reciente de la enmienda de la ley Cuba-Siria (...)", informó.

Scott expresó que tanto el "Gobierno de (Fidel y Raúl) Castro como el de (Bachar) al Asad son represivos, y es importante que los contribuyentes de Florida no apoyen dictaduras (...)".
"Creo firmemente que esta ley es lo que le conviene a Florida y continuaré defendiéndola", agregó en un comunicado.
En junio pasado, el juez federal de Miami Michael Moore emitió un fallo en contra de la ley promulgada en mayo pasado y que debía entrar en vigor el pasado 1 de julio.
Su dictamen se dio a conocer luego de que Odebrecht USA, filial en Miami del grupo brasileño del mismo nombre, demandó al Departamento de Transporte de Florida arguyendo que no es función del estado fijar la política exterior.
La ley prohibía a las entidades públicas de Florida la adjudicación de contratos por valor de al menos un millón de dólares, lo que podía afectar a la multinacional brasileña, un gigante en ingeniería, construcción, petroquímica y energía que opera en una veintena de países, entre ellos Cuba.
El marco legal, aprobado por la Asamblea Legislativa de Florida con la mayoría de los votos, fue criticado por organizaciones empresariales del estado.
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