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La decisión adoptada hoy se tomó en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Supremo español que condenó al magistrado a 11 años de inhabilitación por unas escuchas ordenadas en un caso de corrupción.
Tras la decisión de hoy, el pleno del órgano de gobierno de los jueces españoles tendrá que confirmar la expulsión de Garzón de la judicatura en una reunión prevista para el próximo jueves.
El Consejo General del Poder Judicial recordó hoy que la sentencia del Supremo conlleva la pérdida del cargo y de los honores que le son añejos, además de la incapacitación para obtener durante el tiempo de la condena cualquier empleo o cargo con funciones jurisdiccionales o de gobierno dentro del Poder Judicial, o con funciones jurisdiccionales fuera del mismo.
El juez español más conocido internacionalmente fue condenado el pasado 9 de febrero e inhabilitado por haber ordenado unas escuchas en la cárcel entre los acusados de una gran red de corrupción, conocida como “caso Gürtel” y sus abogados.
El Tribunal Supremo español encontró a Garzón culpable de prevaricación por haber autorizado la interceptación de las conversaciones que mantuvieron en prisión los presuntos cabecillas de la trama, que afecta a ex cargos del Partido Popular y sus abogados.
El magistrado estaba suspendido cautelarmente de sus funciones en la Audiencia Nacional desde 2010, a raíz de esta causa y de otras dos abiertas contra él, por declararse competente en 2008 para investigar las desapariciones ocurridas durante la guerra civil española (1936-1939) y el franquismo y por los patrocinios de unas conferencias en Nueva York.
Durante el juicio del caso por el que fue condenado e inhabilitado, Garzón defendió su decisión de ordenar las escuchas señalando que se hicieron para evitar que los acusados siguieran delinquiendo y blanqueando dinero desde prisión.
Aunque la expulsión de la carrera es efectiva desde hoy, la decisión deberá ser ratificada por el pleno del órgano de gobierno de los jueces el próximo jueves.
La condena al juez español desencadenó duras críticas en sectores políticos y jurídicos al Tribunal Supremo.
Baltasar Garzón, de 56 años, cobró proyección internacional al procesar y ordenar en 1998 el arresto internacional del ya fallecido ex dictador chileno Augusto Pinochet.
Su defensa del principio de la Justicia universal le llevó de la misma manera a procesar al ex militar argentino Adolfo Scilingo, quien fue condenado en España a una pena de cárcel de más de mil años por delitos de lesa humanidad y detención ilegal durante la dictadura de ese país.
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