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Miami (EFE).- Dos guatemaltecos presentaron una demanda en contra de agentes de inmigración y de una empresa de envío de paquetes de EEUU por el presunto decomiso de pasaportes y arresto sin una orden judicial, informó a Efe un abogado.
“Queremos sentar el precedente de que el Gobierno de EEUU no puede revisar los paquetes de Federal Express ni de ninguna otra compañía sin una orden”, dijo el abogado de los demandantes, John De Leon.
La acción judicial se interpuso el miércoles en la noche en un tribunal federal de Miami a nombre de Gaspar González y Damaris Vásquez, ambos de 21 años, en contra de Federal Express Corporation (Fedex) y agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).
“Es muy importante que el Gobierno tome muy en serio su responsabilidad de cumplir con la ley y la Constitución con respecto a los paquetes de cualquier persona, sea inmigrante, latino, no hispano, ciudadano, residente o indocumentado”, enfatizó.
Los demandantes alegan violación de sus derechos constitucionales, de su protección de igualdad ante la ley y falso arresto, entre otros argumentos, según la demanda a la que Efe tuvo acceso.
González y Vásquez están solicitando una indemnización, dijo De Leon que es también el director del programa “Justicia Global” que suministra asistencia legal gratuita a los guatemaltecos en EEUU.
El caso ocurrió en diciembre de 2009 cuando la compañía recibió cerca de 40 paquetes que contenían pasaportes de guatemaltecos.
Los empleados de Fedex habrían abierto algunos de los paquetes debido a que la dirección en la que debían entregarlos era incorrecta, de acuerdo con medios que informaron sobre el caso en 2010.
“Una vez que los agentes del ICE y Fedex descubrieron que los paquetes tenían pasaportes guatemaltecos, estuvieron de acuerdo en orquestar una redada de inmigración bajo el pretexto de que los pasaportes legítimos eran una amenaza a la seguridad nacional”, se indicó en el documento judicial.
Los agentes supuestamente usaron “la raza u origen étnico como un factor de motivación” para inspeccionar y decomisar algunos de los paquetes. Los demandados no “tenían una sospecha razonable, causa probable, una orden judicial o un permiso” para ello.
González recibió una llamada de un empleado de la empresa pidiéndole que fuera a recoger un paquete y cuando intentó darle la dirección correcta y se le insistió en que debía ir personalmente le hicieron esperar cerca de 25 minutos hasta que llegaron agentes del ICE, según la demanda.
Los agentes supuestamente lo agarraron, lo lanzaron contra el piso y lo arrestaron sin un motivo, una orden judicial, sin notificarle sus derechos o preguntarle sobre su estatus migratorio, un aspecto que luego indagaron cuando le trasladaron a un centro de detención.
Allí le pidieron que firmara una orden de deportación, a lo que González se negó y solicitó que contactaran al Consulado de Guatemala.
“Nerviosos por la negativa de Gaspar, los demandados le denegaron su derecho a hablar con el consulado y amenazaron con detenerle por un largo periodo”, se señaló en el documento judicial.
El hombre temeroso firmó la orden y fue enviado a su país.
Vásquez, por su parte, llevó en su vehículo a González a la empresa, en compañía del hijo de ella de dos años y nacido en EEUU.
“Desde el punto de vista de nosotros, solamente por ser una mujer latina estos agentes del Gobierno pensaron que tenían el derecho de apuntarla con un revólver y arrestarla sin tener ningún tipo de sospecha que había cometido algún delito”, dijo a Efe De Leon.
Agregó que “este es un caso clásico de perfil racial basado en la información que tenemos".
“Es muy importante que el Gobierno pare de utilizar a compañías privadas, y particularmente a una con el poder que tiene Federal Express que controla un gran número de los porcentajes de envíos en este país, como agentes de inmigración”, añadió.
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