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WASHINGTON. D.C.- Desde que se inició la revisión de los 300 mil casos de deportaciones, el acceso a permisos de trabajo ha sido una de las grandes interrogantes para abogados y grupos pro inmigrantes. En Washington, la presión por más avances, crece cada día.
El gobierno aseguró desde el principio que algunas de las personas que recibieran un cierre administrativo de sus casos, podrían emplearse, pero que deberían aplicar en un proceso separado.
Sin embargo, existe una gran preocupación, respecto al alcance real que pueda tener este beneficio, entre los individuos que sean notificados sobre un cierre administrativo de sus casos, tras la nueva revisión.
Una inquietud que fue compartida ayer, en una reunión a puerta cerrada entre el director del Servicio de Control de Inmigración (ICE), John Morton, el presidente del subcomité de inmigración en el Senado, Charles Schumer (D-NY) y líderes de diversas organizaciones pro inmigrantes.
En la oportunidad, Schumer pidió a representantes del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que otorguen un año de acción diferida a las personas que tengan sus casos administrativamente cerrados, bajo la nueva iniciativa adoptada por el gobierno.
"Para el pequeño porcentaje de personas que cumplen con este criterio, es práctico darles este tipo de beneficio, que los impulsa a contribuir al país, en lugar de quedarse en las sombras, en un limbo legal", declaró el senador.
La acción diferida es un procedimiento administrativo que puede utilizar el gobierno, caso a caso. Se otorga en general a indocumentados con órdenes de deportación, quienes obtienen el beneficio de quedarse en el país y un permiso de trabajo.
Schumer también entregó una carta dirigida a la secretaria de DHS, Janet Napolitano y a Morton, donde especificó que "la incapacidad de mantenerse económicamente, hará que el ejercicio favorable de la discreción procesal, se convierta en una victoria vacía para la mayor parte de aquellos que reciban este beneficio".
"Esta situación tendrá el efecto negativo de forzar a los individuos que reciban alivio de sus deportaciones, a buscar trabajo en la economía subterránea, por parte de empleadores inescrupulosos, para lograr mantener a sus familias. Esta es una solución subóptima para estas personas y la economía estadounidense", agregó en la misiva.
Marshall Fitz, director de política migratoria del Centro para el Progreso Americano, estuvo presente en el encuentro con Morton. "Presionamos mucho por la autorización de empleo, pero la respuesta fue que la agencia encargada de esta área, es el Servicio de Inmigración y Aduanas (USCIS)", comentó. "Es importante seguir adelante insistiendo, todo esfuerzo ayuda".
A principios de este mes, el gobierno finalizó los programas pilotos para revisar deportaciones en Baltimore y Denver. La evaluación de cerca de 12 mil casos, se extendió por seis semanas.
Los primeros datos entregados por la Administración, indicaron que en Denver, 1300 expedientes, es decir un 16% de los casos revisados, recibieron un cierre administrativo. En tanto en Baltimore, un 10% de los 3,759 casos revisados hasta ahora, abrazaron el mismo beneficio.
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