Agridulce decisión del Supremo sobre la SB1070
Activistas dicen que se tiene que organizar la comunidad para luchar por sus derechos civiles.
Foto: Iza Montalvo. La Prensa
PUBLICADO: Jun, 28, 2012 12:00 am EST
Jun 28, 2012 12:00 am EST
La Asociación de Jornaleros de la Florida y otras organizaciones que luchan por los derechos de los inmigrantes reaccionaron ante la decisión del Tribunal Supremo de rechazar parte de la ley SB 1070 de Arizona, una de las más rígidas diseñadas contra los indocumentados en toda la nación y que ha servido de modelo a otros estados.
La decisión del máximo tribunal de justicia podría tener un efecto dominó para las comunidades inmigrantes en otros estados como Alabama, en parte porque avala la provisión que le permite a la policía estatal y municipal verificar los documentos de personas que parezcan indocumentadas.
Algunos opinan que la ejecución de la ley podría hacerla inconstitucional.
"No es aceptable que discrimen por nuestro físico, porque alguien con rasgos indígenas tenga que ser detenido sigue siendo una ley que justifica el perfil racial", dijo a La Prensa, Tirso Moreno, de la Asociación Campesina de la Florida, capítulo de Apopka.
Moreno dijo que aunque el fallo del Tribunal Supremo no está del todo mal, sigue siendo peligrosa y una carta abierta a las autoridades para que abusen de los derechos civiles y constitucionales de los inmigrantes.
"Tenemos que organizar a nuestra comunidad. Ese es el trabajo que nos queda, seguir luchando por nuestros derechos porque no somos ciudadanos de segunda clase, ni debemos ser blanco de sospecha por el color de nuestra piel", agregó Moreno.
En síntesis, la Corte Suprema desestimó tres secciones de la SB1070 que estaban suspendidas temporalmente por orden de un foro de justicia federal.
Una forzaba a los inmigrantes a obtener o portar papeles que demostraran su identidad y estadía legal.
Otra convertía en un crimen que un indocumentada solicitara o buscara empleo y la última obligaba a la policía a detener ciudadanos bajo sospecha sin la orden de un magistrado.
La única sección que recibió el aval de la corte es la 2b, la cual permite a la policía local arrestar a una persona si tiene causa probable de haber perpetrado un delito, lo que automáticamente lo hace sujeto a la deportación.
La estudiante y organizadora Evelyn Rivera del grupo United We Dream opinó que ha sido una noticia "agridulce".
"No es del todo lo que esperábamos, pero es un gran paso hacia adelante", dijo Rivera. "Tenemos que seguir luchando, presionando, organizándonos por nuestros derechos", dijo Rivera.
Rivera resaltó como una victoria el que el presidente Barack Obama autorizó la palización de las deportaciones para personas no mayores de 30 años, que hayan sido traídos por sus padres a E.U. antes de los 16 años.
"Hemos logrado avances significativos las últimas semanas, especialmente con esta medida que beneficiará a estudiantes como yo, así que no todo está perdido", agregó la joven.
Andrés Segura, de la Unión de Libertades Civiles, dijo que la decisión del Tribunal Supremo es una derrota para otros estados que están tratando de pasar leyes similares, como la Florida, aunque existe preocupación.
La Legislatura de Florida intentó en la sesión de este año aprobar una ley similar a la SB1070 de Arizona, pero fracasó.
"Hay que ser vigilante con esta provisión. Si se ejecuta de una forma en que las detenciones son ilegales solamente para verificar el estatus migratorio de una persona, es una violación constitucional", sentenció Segura.
La decisión del máximo tribunal de justicia podría tener un efecto dominó para las comunidades inmigrantes en otros estados como Alabama, en parte porque avala la provisión que le permite a la policía estatal y municipal verificar los documentos de personas que parezcan indocumentadas.
Algunos opinan que la ejecución de la ley podría hacerla inconstitucional.
"No es aceptable que discrimen por nuestro físico, porque alguien con rasgos indígenas tenga que ser detenido sigue siendo una ley que justifica el perfil racial", dijo a La Prensa, Tirso Moreno, de la Asociación Campesina de la Florida, capítulo de Apopka.
Moreno dijo que aunque el fallo del Tribunal Supremo no está del todo mal, sigue siendo peligrosa y una carta abierta a las autoridades para que abusen de los derechos civiles y constitucionales de los inmigrantes.
"Tenemos que organizar a nuestra comunidad. Ese es el trabajo que nos queda, seguir luchando por nuestros derechos porque no somos ciudadanos de segunda clase, ni debemos ser blanco de sospecha por el color de nuestra piel", agregó Moreno.
En síntesis, la Corte Suprema desestimó tres secciones de la SB1070 que estaban suspendidas temporalmente por orden de un foro de justicia federal.
Una forzaba a los inmigrantes a obtener o portar papeles que demostraran su identidad y estadía legal.
Otra convertía en un crimen que un indocumentada solicitara o buscara empleo y la última obligaba a la policía a detener ciudadanos bajo sospecha sin la orden de un magistrado.
La única sección que recibió el aval de la corte es la 2b, la cual permite a la policía local arrestar a una persona si tiene causa probable de haber perpetrado un delito, lo que automáticamente lo hace sujeto a la deportación.
La estudiante y organizadora Evelyn Rivera del grupo United We Dream opinó que ha sido una noticia "agridulce".
"No es del todo lo que esperábamos, pero es un gran paso hacia adelante", dijo Rivera. "Tenemos que seguir luchando, presionando, organizándonos por nuestros derechos", dijo Rivera.
Rivera resaltó como una victoria el que el presidente Barack Obama autorizó la palización de las deportaciones para personas no mayores de 30 años, que hayan sido traídos por sus padres a E.U. antes de los 16 años.
"Hemos logrado avances significativos las últimas semanas, especialmente con esta medida que beneficiará a estudiantes como yo, así que no todo está perdido", agregó la joven.
Andrés Segura, de la Unión de Libertades Civiles, dijo que la decisión del Tribunal Supremo es una derrota para otros estados que están tratando de pasar leyes similares, como la Florida, aunque existe preocupación.
La Legislatura de Florida intentó en la sesión de este año aprobar una ley similar a la SB1070 de Arizona, pero fracasó.
"Hay que ser vigilante con esta provisión. Si se ejecuta de una forma en que las detenciones son ilegales solamente para verificar el estatus migratorio de una persona, es una violación constitucional", sentenció Segura.
